Una dosis de realismo debe llevar a reconocer que el debate se da en un ambiente cultural donde la política se pretende hacer sin Dios. La mayor parte de los partidos políticos que han nominado a los comisionados expertos, con mayor o menos incidencia, han hecho en las últimas décadas sus aportes a soluciones que en muchos casos son abiertamente anticristianas.
Chile es un país socialmente fracturado y esta puede ser una buena oportunidad para revertir esta situación. 

La prudencia invita a estar atentos para impedir por todos los medios que tenemos a nuestro alcance, la oración el primero, para que no se eleven a rango constitucional soluciones jurídicas que contribuirán a profundizar el desastre social en que nos encontramos. Un ejemplo debe aclarar lo que está en juego. Hoy tenemos una ley de aborto que ha permitido el exterminio de centenares de inocentes. Esa ley puede ser derogada por otra ley, que nos devuelva por la senda de la protección que los miembros de la familia humana antes se daban entre sí en Chile. En cambio, si el aborto queda elevado como derecho constitucional, el cambio se hace más difícil ya que ello supone una reforma constitucional (que siempre son difíciles de lograr). Tampoco son aceptables las fórmulas ambiguas, puesto que facilitan la actuación de jueces comprometidos con las ideologías que les exigen esas sentencias contrarias a la vida para avanzar en la carrera judicial.

Tenemos que aspirar a que los hombres y mujeres de buena voluntad que participan de este nuevo intento superen las ideologías materialistas que han predominado hasta este minuto en la solución de los problemas nacionales. Efectivamente, han sido las visiones economicistas -de liberales y marxistas- las que nos han llevado a una situación compleja como sociedad. El hecho que midan la pobreza humana sólo en la posibilidad de tener y consumir bienes revela la pobreza de sus propuestas. Es cierto que las condiciones económicas son relevantes para el desarrollo de cualquier sociedad, pero no es lo único a considerar. Varios de nuestros políticos se han olvidado “No sólo de pan vive el hombre…”. 

Los problemas que tenemos no se solucionan sólo con crecimiento económico o con planes ejecutados por un Estado que se quiere convertir en omnipotente y asfixiante de la libertad. El mundo construido sin Dios se vuelve siempre contra el hombre.
No perdamos de vista que las constituciones tienen como función esencial limitar el poder, para evitar que otros pueden desconocer los derechos que tenemos por nuestra condición de hijos de Dios. 
En lo concreto, es esperable de una constitución que nadie tenga el “derecho” a que lo aborten libremente o por causales legales; que a nadie lo eliminen como se hace con una mascota que ya no es autovalente por sí misma.

Una constitución tampoco es para que asegurar a un mariguanero que su falta de virtud y de libertad le permita consumir en los espacios públicos o tener derecho a auto cultivar productos dañinos para su salud y el resto.

Una constitución no es para asegurar que los que quieren vivir una sexualidad indigna incluso en las bestias la puedan ejercitar, como si la moral y las buenas costumbres no existieran.
Una constitución debe asegurar el derecho a la libertad de conciencia y la libertad de culto. No es admisible ningún tipo de amenaza en esta materia, bajo la bandera de querer instaurar el Estado Laico.

Una constitución debe asegurar un derecho a la educación, impartida por el Estado o privados, en la que se favorezca la trasmisión de los altos más altos valores humanos. Una constitución no puede ser un instrumento para que la autoridad educativa, capturada por la ideología de género, pretenda “alfabetizar la sexualidad” de los jóvenes y niños.

La conducción política de Chile en las últimas décadas nos ha llevado a una demolición de protección jurídica que se debe a la familia. Se nos ha dicho que aquí se amparan “todas las formas de familia”, que es lo mismo que no amparar a ninguna. Si todas las posibles manifestaciones de relaciones entre seres humanos “son familia”, se da una desconexión de la realidad y se deja en el más abierto desamparo a la que efectivamente lo es: la surgida de hombre y mujer. 

No podemos ser indiferentes al intento de introducir normas que signifiquen una amenaza a los valores irrenunciables de la ética política cristiana, que descansa es la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. De esto derivan los derechos fundamentales del hombre y los deberes que tenemos respecto de todas las criaturas.

Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, de manera coherente con nuestra fe, qué es lo mejor en esta crucial etapa política que se nos viene por delante.

Crodegango